El Protocolo de Kyoto: cooperación mal encaminada

Los Columnistas se hace presente en el Blog Action Day, el día en que blogueros de todo el mundo lanzan al ruedo un montón de ideas con un tema en común: El Calentamiento Global. Es por eso que decidí publicar la presente el día de hoy; además, le pedí a mi amigo Giancarlo Giordano que colaborara, ya que el que les escribe en este instante es un palurdo ignorante y sus cavilaciones sólo le darían al lector un montón de letras sin sentido. Giancarlo ha sido uno de los pocos compañeros en la Licenciatura de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del CIDE que ha versado sobre el calentamiento global en sus trabajos. Les presento uno que no tiene mucho de haber salido y que he mutilado, con su autorización previa, para presentarlo a ustedes en el blog.

El Protocolo de Kyoto: cooperación mal encaminada

¿Por qué el Protocolo de Kyoto ha sido un acuerdo internacional ineficaz para controlar el cambio climático?

El cambio climático pertenece a un rubro especial de las actividades humanas: los bienes globales públicos. Estos bienes son aquéllos con injerencia a nivel mundial, no tienen impacto en un país o región en específico. Por esta naturaleza trasnacional, los bienes públicos globales cuentan con mecanismos políticos y económicos muy ineficientes para ser regulados.

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En la Cumbre de Río, en Brasil, en 1995 se estipuló como objetivo que los países que firmaron dicho tratado debían “reducir el total de sus emisiones de bióxido de carbono en 5.2% en relación con sus niveles de 1990 en el período de compromiso comprendido entre el año 2008 y el 2012”.[1] La ratificación del Protocolo se logró después de que 55 países[2] quienes sumaban 55% de las emisiones de CO2, lo firmaron y permitieron su entrada en funcionamiento en febrero de 2005.

Metas en términos de cantidades

Para que los países cumplan con sus niveles de disminución respecto a la cantidad de emisiones de 1990, el Protocolo de Kyoto cuenta con tres mecanismos fundamentales:

1. El Comercio de Emisiones (CE), consiste en la compra-venta de emisiones de gases de efecto invernadero, con un precio fijado por una comisión. De esta manera, los que reduzcan sus emisiones más de lo comprometido pueden vender los certificados de emisiones excedentes a los países que no hayan cumplido con su compromiso.
2. Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), ofrece a los gobiernos y a las empresas privadas de los países industrializados la posibilidad de transferir tecnologías limpias a países en desarrollo mediante inversiones en proyectos de reducción de emisiones. A cambio, éstos reciben certificados de emisión que servirán como suplemento a sus reducciones internas.
3. Aplicación Conjunta (AC), permite que un país industrializado invierta en otro país industrializado para la ejecución de un proyecto encaminado a reducir las emisiones de gases invernadero. El país inversor obtiene certificados para reducir sus emisiones a un precio menor del que le habría costado en su ámbito nacional y el país receptor se queda con la inversión y la tecnología para reducir sus niveles.

Tener un modelo basado en cantidades desprende dos problemas:

Primero, ¿Qué nivel de reducción de gases es el correcto o el óptimo? La meta óptima sería aquélla en la que los beneficios de implementar la medida fueran superiores a los costos de su implementación, por su parte, el correcto sería aquél que tenga un mayor impacto positivo sobre el ambiente. Segundo, el Protocolo hace una distinción entre grandes y menores emisores. La forma más eficiente de implementar los mecanismos del tratado no es a través de cantidades de gases invernadero, sino que el costo marginal de reducción de emisiones debe ser igual o proporcional en todos los países e industrias y debe ir creciendo en proporción respecto al tiempo.

Se pueden enlistar los aspectos negativos que conlleva el parámetro cantidad:[3]

- No permite una conexión entre costos y beneficios ambientales. Al fijar las emisiones respecto a un nivel histórico, no se identifica con metas de reducción en concentración, temperatura, daños o costos.

- Esta medida penaliza, con costos más altos, a los países con crecimiento rápido antes de 1990, como China o EE.UU., y premia a aquéllos con crecimiento lento pero con grandes emisiones de gas sostenido como Rusia y Gran Bretaña.

- Se hace más difícil el control al tratarse de cantidades y hay mayor propensión a la corrupción entre autoridades.

Dada la anarquía del sistema internacional, es que el Protocolo de Kyoto no cuenta con mecanismos eficaces de sanción. De acuerdo con la UNFCCC,[4] los países-miembro deber reportar anualmente a la secretaría los niveles de reducción y los mecanismos que se están llevando a cabo. Además están sujetos a una revisión durante el período de vida del acuerdo en el que el grupo de expertos sólo puede hacer recomendaciones a cada país y no otorgar sanciones.

Responsabilidades de los países: comunes, pero diferentes

Se hace una distinción entre países desarrollados y en desarrollo. Esto merma la eficacia del tratado porque provoca el problema del free-riding country y no genera los incentivos suficientes dentro de los países en desarrollo.

El problema no radica en la distinción que se haga entre los dos grupos de países, sino que durante las negociaciones se dejó fuera a los países en desarrollo, puesto que a los que se consideraban responsables de las repercusiones climáticas eran los países desarrollados. Al no tomarlos en cuenta, se generó el problema del “free-riding country”; es decir, los países en vías de desarrollo estaban a la expectativa de las decisiones de los desarrollados. Es por esto que no se generaron los incentivos suficientes para que los países en desarrollo participaran en la negociación y creación de las políticas. Un ejemplo es China, quien incrementó sus emisiones en el periodo 1990-2004 en 108.3%[5] y no participó en la negociación de Kyoto.

Participación de Estados Unidos: variable intermedia

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Existen dos factores por los cuales la ausencia de Estados Unidos dentro del Protocolo puede representa una causa de ineficacia. En primer lugar, Estado Unidos es el hegemón del sistema internacional unipolar, su participación y conexiones en diversas regiones del globo provocarían que más países se sometieran al tratado y, además, se tendría un tercio de las emisiones regulado bajo la tutela de Kyoto. Sin embargo, no ha sido un factor tan relevante puesto que países como Australia, en un principio decidieron no entrar al acuerdo hasta que lo hiciera EE.UU. Hoy en día Australia es miembro del acuerdo a pesar de que mantiene acuerdos bilaterales específicos con EE.UU.

En segundo lugar, se encuentra el factor de los costos. Debido al monto que tendría como meta de reducción EE.UU.,  éste absorbería gran parte de los costos del acuerdo al ser el emisor más importante. De hecho, existe una proyección de los costos de la implementación del Protocolo de Kyoto en el cual, con EE.UU. dentro de él, el costo se proyectó en 1 trillón de dólares respecto a 2005. Mientras que sin su participación se esperaron gastos alrededor de los 6 trillones de dólares respecto al mismo año.[6]

Estados Unidos usó dos argumentos principales para no ratificar el Protocolo: en primer lugar, el presidente Bush sostuvo que las medidas que se requerían implementar tendrían una fuerte repercusión sobre la economía del país y, en segundo lugar, que el tratado no contempla por igual a los países en desarrollo como China.

Camino a Copenhague 2009: alternativas

Uno de los análisis sobre el tratado que debe suceder al Protocolo de Kyoto contempla seis puntos que deben ser tomados en cuenta para un funcionamiento eficaz:[7]

- Una participación más comprensiva. Lograr que países como EE.UU. y China se preocupen más por alcanzar los objetivos y estén dentro del sistema de regulación.

- Mayor flexibilidad de mercado. Incorporar mecanismos de comercio de emisiones más eficientes que permitan a los sectores privados planear con antelación.

-            Un planteamiento consistente de las metas. Una de las propuestas más importantes hacia Copenhague es la idea de disminuir 50% las emisiones hasta 2050, sin embargo, hasta ahora se ha visto la incapacidad de los gobiernos para alcanzar las metas establecidas por Kyoto, por lo tanto deben analizarse metas viables para los distintos países.

-            Equidad entre participantes. Dejar a un lado la implícita distinción entre los países y hacer posible la participación de los mismos en términos de sus posibilidades. Es cierto que un país en vías de desarrollo no puede asumir los costos de un país desarrollado, sin embargo, se deben crear mecanismos que generen un piso común.

-            Congruencia. Reconocer que los países no se unirán al tratado si éste implica fuertes sacrificios económicos o que, si una vez dentro, los costos de implementación aumenten.

-            Incertidumbre. Reconocer que los costos no sólo se puede estimar a través de cálculos ex ante, sino que habrá cambios en las tasas de crecimiento y avances tecnológicos que provocarán alguna reconsideración ex post.

Hace falta un marco institucional capaz de crear la confianza entre los países que vigile el cumplimiento de las metas. Una propuesta es que el UNFCCC se convierta en una institución internacional que permita el balance entre la continuidad de un tratado, su flexibilidad y la vigilancia de su cumplimiento.

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Existe otro factor que puede facilitar las siguientes negociaciones alrededor de Copenhague: el cambio en la postura de Estados Unidos con el gobierno de Obama. El gobierno demócrata ha regresado a la negociación doméstica el tema medioambiental. Un reflejo tangible de esto es el acta denominada Lieberman-Warner Climate Security propuesta en 2008, la cual pretende disminuir las emisiones de Estados Unidos en 50% en relación con las de 1990 en el periodo 2010-2050.[8] Sea viable o no dicha propuesta, por lo menos es un indicio del cambio en la postura estadounidense respecto al régimen del medio ambiente.

No debe menospreciarse el avance que significa el Protocolo de Kyoto al poner el tema sobre la mesa y generar un principio de cooperación, sin embargo, queda mucho trabajo por hacer y enmendar los errores que este tratado tuvo para logar un acuerdo más eficaz que afronte el cambio climático. El gran objetivo que debe alcanzar el futuro Protocolo de Copenhague es lograr la armonía entre los costos de implementación, las políticas internacionales y el desarrollo doméstico de los estados dentro de un complicado sistema internacional anárquico.

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[1] Organización de las Naciones Unidas. Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. New York City: ONU, 1998.

[2] Estos son los países que lo ratificaron, a la fecha hay 157 países dentro del Protocolo enlistados en el Anexo 1 del tratado: Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Comunidad Europea, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Rusia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Ucrania.

[3] Estos puntos fueron parafraseados y complementados de: Huifang Tian & John Whalley, China’s Participation in Global Environmental Negotiations, National Bureau of Economic Research. (Cambridge, 2008),

[4] United Nations Framework Convention on Climate Change. La información fue obtenida en: UNFCCC, Kyoto Protocol, “Reporting and Riview”, http://unfccc.int/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/items/1113.php (Fecha de consulta: 2 de junio de 2009).

[5] Huifang Tian & John Whalley, China’s Participation in Global Environmental Negotiations, National Bureau of Economic Research. (Cambridge: NBER, 2008), 14.

[7] Los siguientes seis puntos coinciden en diversos trabajos: Bowles y Sandalow (2001), Stewart y Weiner (2003) y Frankel (2007). Jeffrey A. Frankel, An Elaborated Global Climate Policy Architecture, National Bureau of Economic Research. (Cambridge; NBER, 2009), 4.

[8] Íbid, 12. Para mayor información de esta iniciativa de ley se puede visitar: http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=s110-3036&tab=summary

Althusser y Chomsky

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Noam Chomsky dió una conferencia magistral, a la que pude asistir, en la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM el pasado 21 de septiembre. ¿Los temas?, los de siempre: imperialismo, política exterior de Estados Unidos desde la teoría de la hegemonía y América Latina al servicio del imperio.

Lamentablemente, Chomsky también pecó de esos vicios de la argumentación furibunda de la izquierda antiamericana: falta de datos, falta de nombres, asunción de supuestos enormes y maniqueísmo.

Por supuesto, como lingüista me es intocable, mi ignorancia me impide siquiera verlo a los ojos; por otra parte, la investigación histórica en revistas especializadas, informes especiales y diarios muchas veces ha sido extenuante y su crítica a muchos de los medios de comunicación que se comportan como entes racionales maximizadores de beneficios económicos y políticos y no de distribución de la información. Tengo que confesarlo, yo crecí con Chomsky, lo leía cuando iba en el bachillerato, lo leo hoy día y aún tengo un breve resquicio de yankeesgohomesisimo durante breves espasmos.

El día de hoy escribiré sobre uno de los supuestos enormes bajo los que Chomsky construye sus reflexiones: el aparato ideológico de Estado. Si bien Chomsky no empleó el término, las tesis postuladas en Hegemony or Survival (2005), Lo que realmente quiere el Tío Sam (1997), Propaganda y Opinión Pública (2002) o 11/09/2001 (2002) permiten entrever la presencia de este supuesto creado por Althusser.

¿Qué es el aparato Ideológico de Estado?

Antes de abordar el concepto de aparato ideológico del estado, conviene partir de un elemento fundamental en el pensamiento de Althusser: la reproducción. Para Althusser, “la condición en última instancia de la producción es, pues, la reproducción de las condiciones de la producción”[1]; es decir, “existe la necesidad de reproducir las condiciones materiales de la reproducción”[2]. Sin embargo, no sólo se han de generar las condiciones de reproducción materiales; sino que la fuerza de trabajo resultante tiene que ser competente, es decir, útil en el sistema de producción.

Los aparatos ideológicos del estado son concebidos, pues, como “cierto número de realidades que se presentan al observador en forma de instituciones diferenciadas y especializadas”[3]; por ejemplo, el aparato ideológico de Estado religioso o el aparato ideológico de Estado de la información. Althusser enfatiza el papel de la educación como aparato ideológico de Estado; ya que, es dentro del marco de ésta que el sujeto aprende habilidades, como leer o escribir, o elementos de cultura científica o literatura. Estos elementos y habilidades se presentan en función de su utilidad para los distintos puestos de producción; existe una instrucción para los obreros, otra para los técnicos, otra para los cuadros superiores, etc.[4]

Para Chomsky, el aparato ideológico se encuentra presente en los medios de información, que bombardean al público con una serie de mensajes sugestivos como único medio para la coerción en un sistema democrático y libre. La opinión pública, entonces, es moldeada por los que detentan el poder, los arquitectos del estado, es decir: “las instituciones financieras y las corporaciones trasnacionales”[5].

No sólo la opinión pública, sino el sistema político mismo. Chomsky mencionó la “teoría de la inversión de la política” de Ferguson que considera que “las elecciones son la ocasión para que grupos de inversionistas se unan con el fin de controlar el Estado, en esencia comprando las elecciones”[6]. De tal forma, y sin un mecanismo causal explícito, Chomsky declaró que “para lo ocurrido en 2008 debimos haber anticipado que los intereses de las industrias financieras tendrían prioridad para el gobierno de Obama”.

Para Chomsky “las elecciones en Estados Unidos son montajes espectaculares, conducidos por la enorme industria de las relaciones públicas que floreció hace un siglo en los países más libres del mundo, Inglaterra y Estados Unidos, donde las luchas populares habían ganado la suficiente libertad para que el público ya no tan fácilmente fuera controlado por la fuerza. (…) los mismos dispositivos utilizados para derruir mercados se adaptan al objetivo de socavar la democracia, creando votantes desinformados que tomarán decisiones irracionales a partir de una limitada serie de opciones compatibles con los intereses de los dos partidos, que a lo sumo son facciones competidoras de un solo partido empresarial”.

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Yo veo un problema con esta argumentación. Se supone que el elector es un ser fácilmente moldeable, que ve el televisor todo el día y asimila cada uno de los mensajes. El supuesto resulta enorme, ¿cómo estudiar a la opinión pública de esa manera?, ¿en verdad las personas son tan crédulas?

Un estudio reciente, hecho por Mónica Aspe Bernal, Alberto Farca Amigo y Jimena Otero Zorrilla, concluyó que “la audiencia de los spots electorales creció en 93% en las elecciones de 2009 respecto a 2003. Pero la participación electoral aumentó sólo en 3%. Mientras la audiencia aumentó casi al doble, de 78 mil millones de impactos publicitarios a más de 150 mil millones de impactos, la participación sólo creció de 41.68% a 44.81% de la lista nominal de electores”.

Ello si se toma en cuenta que “durante la contienda electoral de 2009 cada mexicano mayor a 18 años estuvo expuesto, en promedio, mil 524 veces a los anuncios electorales en televisión. Los publicistas suelen retirar una campaña de publicidad cuando 85% del público objetivo ha estado expuesto a ella un promedio de seis veces. Ello sugiere que una campaña vista por 99% de la población con un promedio de más de mil 500 veces cada persona, produce hartazgo en los televidente”.

Algo lamentable es que Chomsky  describió a “los intelectuales” como “especialistas en apologética, cuya tarea es mostrar que lo que hacen los fuertes es noble y justo y lo que sufren los débiles es su culpa”, pero no dio nombres, ni referencia alguna. Supongo que “ya sabemos a quién se refiere”.

Al finalizar la conferencia y pensar en cómo toda la Sala se levantó para aplaudir, como se movían las cabezas asintiendo, al unísono, no puede evitar preguntarme: ¿hasta que punto el culto a Chomsky también es un aparato ideológico?, ¿será una necesidad inherente?, ¿existirá entonces el aparato más allá de la teoría?

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[1] Louis Althusser. “Ideología y aparatos ideológicos del estado (notas de investigación)”. Escritos, traducido por A. Roises (Barcelona: Laia, 1974): 105-170 en Manuel Cruz. La Crisis del Stalinismo: el Caso Althusser (Barcelona: Península, 1977): 217-219 (En adelante: Louis Althusser, Escritos)

[2]Louis Althusser. Ideología y aparatos ideológicos de Estado: Práctica teórica y lucha ideológica. (México: Grupo Editorial Tomo, 2008), 49 (En adelante Louis Althusser. Ideología y aparatos ideológicos…)

[3] Louis Althusser. Escritos

[4] Ibid.

[5] Noam Chomsky. El momento unipolar y la era Obama. Conferencia dictada en la UNAM el 21 de septiembre de 2009. Traducción de Ramón Vera Herrera. http://chamosaurio.com/2009/09/23/el-momento-unipolar-y-la-era-obama/#more-14506

[6] Íbid.

El voto electrónico

Bernard Manin, en su libro Principios del gobierno representativo, argumentó que la democracia ateniense se diferenciaba de la moderna en la concepción de “igualdad”. Mientras que para los atenienses la elección era una forma elitista y discriminatoria de elegir a sus representantes en la asamblea, el sorteo, en cambio, representaba la óptima expresión de igualdad, y democracia, al considerar que todos los miembros de una comunidad eran iguales. Sin embargo, los cambios en el sistema institucional, las estrategias de diseño constitucional y las estructuras de acceso al mercado político intentan de ser eficientes y eficaces en sociedades complejas y enormes.

El sólo hecho de transformar la “voluntad general” en diseño de política pública mostró que la elección era una forma aproximada de elegir a los portadores de la opinión pública. La lucha por el sufragio universal cambió la concepción moderna, la democracia tuvo por significado la participación y la inclusión universal en la pugna política. Adam Przeworski defiende la concepción mínima de la democracia al combinar la concepción popperiana y la shumpeteriana de la misma: Para Shumpeter, la democracia es sólo un sistema en el que los gobernantes son seleccionados mediante elecciones competitivas; para Popper, el único sistema mediante el cual los ciudadanos pueden deshacerse de un gobierno sin que se llegue a un derramamiento de sangre.

Ahora bien, en un mundo donde el número de personas crece exponencialmente y los flujos migratorios hacen que las personas de un lugar se dispersen por todo el orbe, el debate sobre la inclusión en la democracia ha llegado a una vertiente innovadora: el voto electrónico como una herramienta para eficientar la participación democrática. El voto electrónico es un concepto que comprende el uso de medios electrónicos en el proceso de emitir el voto, así como el de contarlo.

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En México, los artículos 213, 214 y 215 del Código Electoral del Distrito Federal determinan los procedimientos que se han de realizar para poder poner en práctica el uso de urnas electrónicas. Según datos de El Universal, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) instaló urnas electrónicas en 40 casillas, una por cada distrito electoral, cuyos votos fueron contados de forma vinculante, cada una costó 2,500 dólares, según El Economista. Asimismo, según Milenio, el IEDF planea comprar otras 700 urnas para finales de 2009. Las urnas usadas en la elección intermedia de 2009 no tienen conexión a internet, emiten un comprobante de voto que se deposita en una casilla y tienen posibilidad de votar nulo.

Las ventajas del uso de la urna electrónica son claras: 1) permite una emisión eficiente de votos escrutinio de votos, se reduciría de 25 a 30 segundos el tiempo de sufragio; 2) reduce los tiempos de apertura y cierre de casillas, 3) permite el escrutinio inmediato a través del resguardo de datos en medios magnéticos y tangibles; 4) dado que el artículo 214 exige que el software debe ser público, los resultados de la elección pueden ser replicables.

Sin embargo, hay que considerar ciertas externalidades que pudiesen obstruir el funcionamiento de la urna electrónica. En primer término, la inversión inicial es sumamente alta, el erario público no pude ser invertido en una cantidad tan alta y de manera tan eficiente como para que la mayor parte del territorio nacional pudiera tener acceso a esta tecnología en el corto plazo.

En segundo lugar, la mitigación del fenómeno de la “caja negra”. El votante no sabe que ocurre “dentro” de la urna electrónica y no tiene la certeza de que el resultado será legítimo. Si bien se puede mitigar con el uso constante en consultas públicas y encuestas, la aplicación de cursos, propaganda y capacitación, los costos de hacerlo resultan grandes también.

En tercer término, el software es defiido por el Código Electoral como “el conjunto de programas informáticos que permitan realizar, conforme a lo previsto en este Código, la habilitación e inhabilitación del instrumento electrónico de recepción del voto, el desarrollo de la votación electrónica y el cómputo de casilla”. Si el código obliga a que el software sea público, el código fuente podría ser replicado por cualquiera que quisiera ver qué tan legítimos fueron los cálculos de los votos y comparar con la cifra oficial, pero en la página del IEDF no se brinda el código completo. A mi modo de ver, esta política plantearía una paradoja: si la empresa que fabrica, arma y programa las urnas electrónicas es un ente racional que maximiza beneficios, ¿qué le garantiza al elector que su voto no será manipulado?; por el contrario, si fuera libre, ¿qué le garantiza al elector que algún conocedor del uso en sistemas no podrá encontrar las debilidades del software y manipular los votos? Son preguntas a las que no he encontrado respuesta.

De no encontrarse respuestas a estas incógnitas, o si es que la ignorancia del autor es la culpable de no encontrarlas, no se podrá hablar de la efectividad y la eficiencia de la implementación de la urna electrónica como método de votación general.